• Entre señalamientos de corrupción, adjudicaciones directas millonarias y cuestionamientos sobre la transparencia, la Dirección General de Sanidad enfrenta el desafío de recuperar la confianza.

La salud de quienes sirven a México y de sus familias no puede convertirse en un negocio de unos cuantos. Mucho menos cuando los recursos destinados a garantizar medicamentos, tratamientos y atención médica terminan rodeados de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, favoritismos y decisiones tomadas lejos de la transparencia que exige el servicio público.

Desde hace tiempo, la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional enfrenta señalamientos que, por su gravedad, merecen una investigación profunda. No se trata únicamente de revisar contratos o procedimientos administrativos. Se trata de esclarecer si dentro de una de las instituciones más respetadas del país han existido funcionarios capaces de aprovechar sus responsabilidades para favorecer intereses particulares.

Los cuestionamientos se remontan a la etapa en la que el general Rojas se desempeñó como subdirector de Sanidad. Sobre aquella administración pesan acusaciones que describen un presunto esquema de exigencia de pagos a proveedores a cambio de facilitar adjudicaciones directas. Los señalamientos van todavía más lejos: apuntan a posibles presiones económicas adicionales para permitir la recepción de medicamentos en los almacenes militares.

En ese contexto aparece el nombre de Onda Médica, S.A. de C.V., empresa cuya relación comercial con la Defensa merece ser examinada, particularmente ante los señalamientos sobre sus posibles vínculos con el general en retiro Mosqueda, a quien se atribuyen responsabilidades en el área de compras durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Aquella etapa fue especialmente delicada. La urgencia de adquirir medicamentos y materiales de curación exigía rapidez, pero también controles extraordinarios para impedir que la emergencia se utilizara como justificación para contrataciones opacas o precios injustificados.

Resulta indispensable esclarecer la estructura corporativa de Onda Médica, la eventual participación de Héctor Mauricio Mosqueda Cruz y cualquier posible relación entre antiguos responsables de adquisiciones y proveedores que posteriormente contrataron con la institución. Haber ocupado un cargo público no impide, por sí mismo, desarrollar actividades empresariales; lo que debe investigarse es si existió aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias o algún conflicto de interés.

Los cuestionamientos tampoco se limitan a una sola administración. Durante la etapa del capitán Alonso al frente del área de adquisiciones surgieron señalamientos sobre presuntas filtraciones de estudios de mercado, simulación de competencia entre proveedores y adquisiciones a precios superiores a los disponibles en el mercado.

Esta última acusación resulta especialmente relevante. La corrupción en las compras públicas no siempre se manifiesta mediante dinero entregado clandestinamente. También puede esconderse en estudios de mercado manipulados, cotizaciones artificialmente elevadas, competidores aparentemente independientes o especificaciones diseñadas para favorecer a un proveedor.

Hoy, nuevos cuestionamientos alcanzan a la coronel enfermera de Estado Mayor Blanca Jiménez Zenteno, señalada como nueva subdirectora de Sanidad. Existen acusaciones sobre presuntas reuniones privadas con determinados proveedores, posibles tratos preferenciales y decisiones de contratación cuya justificación y supervisión deberían hacerse públicas.

Uno de los nombres que merece especial atención es Distribuidora Especialidades 2001, S.A. de C.V., empresa que mantiene relaciones comerciales con diversas instituciones públicas, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los registros de contratación permiten identificar adjudicaciones directas a favor de esta compañía. Entre ellas destaca el procedimiento AA-07-110-007000999-T-623-2026, relativo a medicamentos para el Centro de Mezclas del Hospital Central Militar, adjudicado el 4 de agosto de 2026 por 40 millones 894 mil 600 pesos.

Militares miembros de la dirección, quienes prefirieron mantener su identidad anónima, se han manifestado en enorme preocupación con las prácticas de la Coronel Zenteno, quién a puerta cerrada se reúne con empresas y posteriormente ellas resultan adjudicadas por inmensas cantidades, como es el caso de Especialidades 2001. 

A esto se suman señalamientos sobre compras realizadas mediante el esquema denominado “paciente específico”, cuya operación requiere especial vigilancia. Su finalidad de atender necesidades médicas individuales no debe cuestionarse; lo que debe garantizarse es que las decisiones clínicas, la selección de proveedores y la autorización del gasto cuenten con controles independientes.

Lo que está en juego trasciende los montos millonarios. Cada peso pagado injustificadamente por un medicamento es un recurso que deja de estar disponible para atender a un paciente. Cada procedimiento manipulado debilita la confianza en la institución. Y cada sospecha que permanece sin investigarse termina afectando también a los servidores públicos que cumplen honestamente con su deber.

El momento institucional es particularmente importante. En medio de los cambios recientes en la conducción de la Dirección General de Sanidad, la llegada del general Armando López Esquivel representa una oportunidad para revisar los procedimientos, fortalecer los controles internos y esclarecer los señalamientos acumulados.

El general López Esquivel tiene ante sí una oportunidad importante: demostrar que la renovación de mandos puede acompañarse de una renovación de prácticas, controles y responsabilidades.

Porque la verdadera lealtad institucional no consiste en guardar silencio frente a posibles irregularidades, sino en investigarlas, esclarecerlas y, cuando corresponda, sancionarlas.

La salud de los militares y sus familias no puede estar sujeta a intereses particulares. Y el presupuesto destinado a protegerlos jamás debería convertirse en patrimonio de quienes tienen la obligación de administrarlo.