La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene abierta una investigación derivada de presuntas irregularidades detectadas durante la administración del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, de acuerdo con información publicada por Reporte Índigo.

Pagos por trabajos que no habrían sido ejecutados conforme a los contratos y aumentos en los recursos destinados a obras mediante convenios adicionales forman parte de las anomalías detectadas por el órgano fiscalizador estatal en la revisión del ejercicio fiscal 2022, en los últimos años de la administración de Del Mazo, que se extendió de 2017 a 2023.

Las observaciones aparecen en auditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. En ellas se detectaron posibles irregularidades relacionadas con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022).

“Se presume que la entidad autorizó y erogó indebidamente recursos públicos financieros correspondientes al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), para el pago a través de estimaciones, las cuales contienen cantidades de obra que no fueron ejecutadas, conforme al alcance y especificaciones contratadas al amparo de los contratos, debido a que no se obtuvo la totalidad de las cantidades de los conceptos contratados, dejando con ello de atender, a la totalidad de la población objetivo que se beneficiaría”, refiere el informe.

De acuerdo con los informes citados por el medio de comunicación, la dependencia habría pagado estimaciones que incluían cantidades de obra que no fueron ejecutadas conforme a los alcances y especificaciones establecidos en los contratos. El OSFEM señaló además que esta situación impidió atender a la totalidad de la población prevista como beneficiaria.

Las revisiones también identificaron convenios adicionales celebrados con contratistas mediante los cuales aumentaron los montos originalmente establecidos para distintas obras. El órgano fiscalizador cuestionó que existieran elementos suficientes para justificar esas modificaciones conforme a la normativa estatal.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra tuvo para 2022 un presupuesto aprobado de 2 mil 961 millones de pesos. Después de modificaciones internas y externas entre capítulos de gasto, el presupuesto modificado alcanzó 6 mil 872 millones de pesos, mientras que al cierre de ese año se habían ejercido 2 mil 8 millones.

Los hallazgos de las auditorías practicadas a dependencias y organismos de la administración anterior derivaron en una denuncia penal presentada por el OSFEM ante la fiscalía mexiquense. La existencia del procedimiento fue confirmada por el propio organismo fiscalizador en respuesta a una solicitud de transparencia.

La carpeta NUC TOL/CCF/SP0/107/196276/24/07 permanece en etapa de investigación inicial. Sin embargo, se desconocen los delitos denunciados, el monto económico del posible daño patrimonial, la fecha de presentación de la denuncia y la instancia específica donde se habrían registrado las irregularidades.

El OSFEM determinó reservar esa información durante cinco años. El Comité de Transparencia del Poder Legislativo mexiquense consideró que hacer públicos los datos podría revelar actuaciones, indicios, pruebas o líneas de investigación y afectar las diligencias a cargo del Ministerio Público.

El expediente apunta a un posible daño a las finanzas públicas del Estado de México, aunque hasta ahora se desconoce el monto de la afectación. La clasificación también señala que revelar información del expediente podría permitir conocer anticipadamente las pruebas reunidas y las hipótesis de responsabilidad penal que se encuentren bajo análisis.